Radiografía de las armas en Argentina

La Cámara de Diputados de la Nación aprobó la prórroga del Programa de Entrega Voluntaria de Armas hasta 2019. ¿Cuántas armas legales hay, quiénes las tienen y cuáles son las falencias del sistema?

por Federico Poore
Chequeado, 23-11-2017

La Cámara de Diputados de la Nación aprobó hoy la ley que establece la prórroga del Programa de Entrega Voluntaria de Armas hasta el 31 de diciembre de 2019. La iniciativa permite la entrega anónima de armas a cambio de una suma de dinero (alrededor de $1000) y tiene como objetivo desarmar a la sociedad.

Pero, ¿cuál es la situación de las armas hoy en la Argentina?

En nuestro país rige desde 1973 la Ley Nacional de Armas y Explosivos. Allí se detallan las diferentes categorías de armas de fuego, que pueden ser utilizadas con ciertos permisos, y se prohíben las automáticas para el uso de civiles. La Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) -un ente descentralizado que funciona desde 2015 enel ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, también conocido como el ex RENAR- se encarga de aplicar y fiscalizar el cumplimiento de esta ley.

Actualmente existen en nuestro país 1.562.332 armas registradas ante la ANMaC, de las cuales el 84% pertenecen a civiles, según datos oficiales. No existen estadísticas sobre la cantidad de armas ilegales que circulan, pero -según una investigación publicada por Chequeado– la propia Agencia estima que en el mercado negro hay otro millón y medio de armas. Evaluaciones del sector civil dicen que hay cuatro millones.

De acuerdo con un trabajo del politólogo Diego Sanjurjo, investigador predoctoral del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid, el arsenal civil de armas pequeñas en la Argentina asciende a 3.600.000 armas de fuego, lo cual da una tasa de posesión civil de 8,8 armas cada 100 habitantes, superior a la de Brasil (8,6) y Bolivia (2,5) aunque sorprendentemente inferior a la de Uruguay (32,6) y Chile (10,2).

¿Quiénes manejan estas armas?

Para poder tener un arma de manera legal se debe tramitar ante la ANMaC la Credencial de Legítimo Usuario (CLU), una suerte de carnet. El costo de este trámite arranca en los $800: la licencia demora entre 60 y 90 días y tiene una validez de cinco años. La credencial es obligatoria para aquellos que realicen actividades vinculadas con disciplinas de tiro (deportivo o de caza) y para todas aquellas personas que, aún sin poseer un arma propia, manejen armas de terceros.

Para obtener la CLU, se debe cumplir con los siguientes requisitos: no tener antecedentes penales, acreditar un medio lícito de vida, presentar un certificado de aptitud de tiro, otro de aptitud física y obtener un certificado de aptitud psicológica.

En 2016, según los últimos datos oficiales disponibles, había en la Argentina 989.993 usuarios legalmente registrados. Se trata de un aumento del 2% con respecto a 2015, mientras que en los dos períodos anteriores (2015-2014 y 2014-2013) la suba había sido aún mayor, de 14 y 9%, respectivamente.

“Somos muy restrictivos”, dijo a Chequeado Natalia Gambaro, directora ejecutiva de la ANMaC desde que Mauricio Macri llegó a la Presidencia. “En 2016 se emitieron 73 permisos de portación de armas de fuego que tienen un año de vigencia, es decir, una vez finalizado, si quien solicita la portación quiere renovar la autorización debe presentar nuevamente ante la Comisión de portaciones los motivos que justifican que tenga la habilitación para portar un arma”. En años anteriores, según cifras oficiales de la ANMaC, se habían emitido cifras mucho mayores.

Vale la pena destacar que, a diferencia de la tenencia, los permisos de portación permiten “disponer, en un lugar público o de acceso público, de un arma de fuego cargada, en condiciones de uso inmediato”, de allí que este tipo de autorizaciones sean de carácter restrictivo.


En lo que va de 2017, y según datos del Portal de Datos Abiertos del Gobierno nacional, la ANMaC recibió 28.533 solicitudes de autorización de portación. El mes con menos solicitudes fue febrero (1.865 pedidos), mientras que el máximo se registró en agosto (4.202). No existen datos oficiales de este tipo para los años anteriores.

Gambaro agregó que se puede denunciar en forma anónima los motivos por los cuales un solicitante no debería recibir la autorización (llamando al 0-800-666-4378) y precisó que existen convenios con los Ministerios Públicos Fiscales de varias provincias para restringir el acceso a las armas a aquellas personas involucradas en procesos penales relacionados con violencia de género.

“La afirmación de que los requisitos para ser legítimo usuario, tenedor o portador, de armas de fuego es bastante restrictivo es relativa a con qué se la compare”, explicó a Chequeado Tobías Schleider, investigador de la Universidad Nacional de Mar del Plata y del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED). “En nuestra región, los requisitos deberían ser aún más restrictivos por varias razones. La principal, porque la primera fuente de aumento de la porción ilegal del mercado de armas es la porción legal: la casi totalidad de las armas de fuego tienen un origen dentro de las normas y una parte de ese conjunto se desvía a la ilegalidad por negligencia, corrupción o contrabando”.

Psicofísicos

En mayo de este año, efectivos de la Policía Bonaerense y de la Ciudad allanaron la lujosa casa en Nordelta de Alejandro Radetic, un piloto que había corrido picadas a 240 kilómetros por hora por la Avenida 9 de Julio. Como en el caso del arsenal encontrado en un supermercado del empresario Alfredo Coto en Caballito o en el ex director de Inspecciones del Municipio de Malvinas Argentinas, Néstor Berardozzi -quien fue detenido luego de que se le encontraran más de 90 armas en la casa de su madre-, el operativo derivó en el hallazgo de pistolas, fusiles y hasta réplicas de ametralladoras. El dato más alarmante fue que todas estaban inscriptas de manera legal. ¿Cómo? En 2006, un deportólogo (sic) había certificado su aptitud psicológica para manejar armas.

Tras detectar “una enorme cantidad de irregularidades que incluyeron denuncias penales
y certificados apócrifos”, la ANMaC anunció que avanzaría con un nuevo sistema en el que las únicas instituciones a cargo de los estudios psicológicos sean empresas de medicina laboral autorizadas por el Estado nacional. El sistema también prevé la identificación biométrica del postulante y la creación de un registro de inaptitud, con inhabilitación para volver a tomar el examen por seis meses a quienes no lo hayan superado.

“El Sistema Único de Emisión de Certificados Psicofísicos ya se encuentra funcionando en Capital, en la Provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, las provincias con mayor cantidad de usuarios y armas”, dijo a este medio Gambaro, y agregó: “La implementación se continuará haciendo de forma progresiva hasta tener total cobertura geográfica nacional a fines de este año”.

Schleider, quien además es consultor internacional en seguridad ciudadana, sostuvo que incluso si el apto médico no se falseara en ningún caso, los controles actuales distan de ser suficientes. “En los sistemas comparados más serios, los requisitos son mucho más estrictos, porque se entiende que tener un arma (aún para los miembros de las fuerzas de seguridad) es una facultad extraordinaria que sólo en casos excepcionales puede concederse a ciertas personas que justifiquen su necesidad y su capacidad especial a esos efectos”, concluyó.

Kirchnerites, the Judiciary and the balance of power

Over the past 18 months, a number of high-profile officials from Kirchnerite administrations have found themselves passing through the doors of the Comodoro Py federal courthouse. Warrants and arrest orders now being issued by the dozens, often on cases that have laid dormant for years. But why is the Judiciary only picking up the pace now? Why has it taken so long? And what does this say about Argentina’s justice system?

por Federico Poore
Buenos Aires Times, 18-11-2017


The picture of a nine-storey building sums it all up. The federal courthouse, located on Comodoro Py Avenue near the port area of Buenos Aires, is for many the symbol of impunity and shady dealings.
Over the last year and a half, a number of high-profile officials from the Kirchnerite administrations that ruled the country for 12 years have found themselves passing through its doors. Some of them – including vice-president Amado Boudou and Julio De Vido, the powerful Federal Planning minister from 2003 to 2015 — have been arrested on corruption and embezzlement charges.
Many of the cases that have brought these figures before the courts had laid dormant for years, however. So why are they only picking up speed now? With arrest orders against officials and figures linked to former president Cristina Fernández de Kirchner being issued by the dozens, the obvious question emerges: is the Judiciary only rolling into gear because of the new political winds of Argentina?
“The Comodoro Py courthouse has always moved against officials who had already left their posts,” Natalia Volosin, a J.S.D. candidate at Yale Law School, told the Buenos Aires Times. “They do so because they lack institutional incentives to act otherwise.” Volosin sees problems in the system that sparks such actions. “The way judges and prosecutors are appointed, the way they’re removed from their posts, the lack of real-time control — none of this encourages them to investigate powerful politicians and business leaders,” she said.
At the moment, there are almost no open cases against officials of the ruling Cambiemos (Let’s Change) coalition. In April, Federal Judge Sebastián Casanello closed the money-laundering investigation derived from the Panama Papers revelations into President Mauricio Macri. A month later, an appeals court cleared the head of the Federal Intelligence Agency (AFI), Gustavo Arribas, from all charges after he was accused of having received some US$600,000 via middlemen linked to the disgraced Brazilian construction firm Odebrecht.
A study by fact-check website Chequeado, based on 59 corruption cases involving government officials who served from 1995 to 2016, revealed that almost 60 percent had been indicted or sentenced. But in an overwhelming majority of cases (91 percent), a sentence was imposed only after the official has left his position.
The report was based on informationby the Centre for Judicial Information (CIJ) and the Civil Association for Equality and Justice (ACIJ). The latter last year launched an “Observatory for Corruption Cases” that helps to point out the “lack of progress in the Judiciary” regarding cases of misconduct and fraud.
Fernando Bracaccini, who coordinates the Strengthening of Democratic Institutions area at ACIJ, said there is evidence of “collusion between political power and federal judges,” a relationship mediated by the shadowy world of the intelligence services.

THE WHEAT FROM THE CHAFF
Gustavo Arballo, a constitutional law professor at the University of La Pampa, told the Times that judges are not always to blame for this situation.
“Judges can only move forward once they receive a complaint or that evidence shows up, and sometimes these accusations appear only once the person has stepped down from office,” he said.
But even when a magistrate is undoubtedly acting to adapt to the new political landscape, one needs to determine which kind of “error” is it.
“A ‘false positive’ mistake would imply that judges are now wrong because they’re deciding on cases without sufficient evidence, a move we would typically call a ‘witch hunt,’” Arballo said. “On the other hand, a ‘false negative’ would imply that judges were wrong before, when they failed to move forward with cases despite strong evidence, but that now they’re simply doing the right thing.”
Of course, it is possible that both mistakes can be present at the same time: deliberate delays in order not to take on a powerful government, followed by overreactions to make up for those omissions. “In this sense, today’s hyperactivity can be the consequence of yesterday’s inaction,” he added.
His definition seems like an accurate description of how Comodoro Py works. A prime example is what happened with Boudou: the case against him was opened in 2012, but there were no major developments over five years until this month Judge Ariel Lijo suddenly decided the former official was a flight risk and ordered his arrest.
That same week, the conservative City Bar Association (CACBA) had accused Lijo of “excessive delays” in his cases.

SOURCE OF THE BRIBES
A second issue, as important as the first, has to do with the fact that while several former Kirchnerite officials are being arrested for corruption, little is being said about the business people who bribed them.
“There are tools set by law to take action against corrupt companies but they are not taken into account,” Volosin points out.
The expert, who specialises in political corruption, gave the example of asset recovery. “In cases of drug-trafficking or money-laundering, the Penal Code allows judges to forfeit property linked to crime that benefits a company linked to the person being prosecuted. But judges aren’t keen on adopting such measures,” she said. “They simply act as if the law didn’t exist.”
Arballo concedes that the private sector’s motivations for corruption is under less scrutiny and that the question of who paid for the bribes is often left unanswered. But he finds structural reasons that help to explain the fixation on the officials accused of wrongdoing.
“In some corruption schemes, a case is opened under illicit enrichment (enriquecimiento ilícito), which focuses on an increase in the wealth of a public official and not on the illicit origin of those funds,” the lawyer said. “It may seem practical and convenient to avoid investigating the person who paid the bribe and to focus on the official who received it.”
There are cases, however, in which businessmen have sat in the dock or were sentenced to prison (apart from the case of public works tycoon Lázaro Báez, a staunch Kirchnerite). In late 2015, Claudio Cirigliano, the businessman who used to run the concession for Trenes de Buenos Aires (TBA), was sentenced to nine years in jail in the trial for the 2012 Once railway station tragedy that killed 50 people and a pregnant woman. Last month, Roberto Dromi, a former Carlos Menem-era official, was called in for questioning for his role as business consultant in a case that investigates illegal maneouvres for the importing of natural gas.
Also this year, executives of Brazilian giants Odebrecht and Camargo Correa as well as representatives of Argentine construction firms Roggio, Esuco, Supercemento and Cartellone Construcciones were called to give testimony before Judge Casanello in a fraud case involving the expansion of a water treatment plant and the construction of a water purifying plant in Greater Buenos Aires. The scandal is one of the reverberations from the Lava Jato investigation that began in Brazil, where the rewards for whistleblowing include sharply reduced the prison sentences for businessmen.
Last year, the Argentine Congress approved a law which allows a sentence reduction negotiated by the prosecutor with the “repentant” individual in exchange for relevant information regarding corruption cases.
While the “repentant” figure already existed in some statutes for a few crimes, the law — a nod to the OECD, which the country wants to join — made it a part of the Criminal Code and extended it to corruption related offences such as bribery.
Since its entry into force is still very recent, the value of this law is yet to be seen.
Be that as it may, the system still needs a reform.
“It’s not that we have bad judges and prosecutors. The problem is that under this model, not even the independence of ‘honest’ magistrates is guaranteed,” Volosin concluded.

El negocio de vender comida a clientes preocupados por precio y salud

Comida saludable y barata es el lema de la disputa entre Unilever, Nestlé y Mondelez.

por Federico Poore
Revista Noticias, 17-11-2017

Que la reactivación no llegó a todos los sectores es algo sabido en los círculos empresarios. Sin embargo, el desafío es particularmente agudo para las grandes empresas de alimentos, que desde hace un año y medio están lidiando con uno de las categorías que más cayó desde la llegada de Mauricio Macri a la presidencia: el consumo masivo.

El quiebre de tendencia parece haber sido entre agosto y septiembre pasados. Según datos de la consultora Kantar WorldPanel, los supermercados y autoservicios cerraron el tercer trimestre del año con una suba del 1%, lo que desaceleró la caída en las cifras de consumo masivo que se ubicó en torno al 2% en los primeros nueve meses del año. ¿Los motivos? Un combo de mejores expectativas económicas, desaceleración de los precios (aunque en estado de alerta tras las preocupantes cifras de inflación de septiembre y octubre) y acciones fuertes por parte de supermercados y marcas.

“Empezamos a ver, dependiendo de las categorías, un quiebre de tendencia en la segunda mitad del año”, explica Jorgelina Racciatti, vicepresidente de marketing de alimentos y bebidas de Unilever para el Cono Sur. “En nuestros negocios tomamos los cambios en el consumo como una oportunidad para hacer relevantes nuestros portfolios de marcas para estimular el consumo en los diferentes segmentos”.

La empresa angloholandesa detrás de marcas como Hellmann’s, Knorr, Lipton, Savora y Cica no la tiene fácil: enfrente tiene a un nuevo perfil de consumidor argentino “hiperracional, que compra lo estrictamente necesario, prioriza el precio, no desperdicia, camina, compara, adquiere nuevas marcas si son más económicas y no se deja engañar por ofertas”, según definió en septiembre pasado la consultora BACanal en un informe privado.

Pero Raciatti no se deja asustar: “Tenemos varias crisis en nuestro haber, entre ellas, la más profunda, en 2001. Nuestra estrategia frente a los contextos complicados para los consumidores es la de adaptarnos muy rápido, y utilizar el portfolio completo de marcas con las que Unilever cuenta en cada categoría, para poder estimular el consumo en las distintas partes de la pirámide”. Unilever no ceja en atender las necesidades del consumidor en los segmentos donde el precio es una variable sensible y dice tener la habilidad para ecualizar cada una de las marcas para salir más fortalecidos de los momentos de nivel bajo de consumo como el actual.

Mondelez, compañía norteamericana responsable de marcas como Milka, Oreo, Cerealitas y Club Social, también viene siguiendo de cerca este nuevo perfil de compradores. “Somos conscientes de que el consumidor es más racional y no por eso cambia las marcas que eligió toda la vida, sino que, por el contrario, exige más de ellas”, dice Sebastián Delgui, director de asuntos corporativos y gubernamentales de Mondelez para el Cono Sur. “Ante esta tendencia, desde Mondelez International nos enfocamos en potenciar la fortaleza de nuestras marcas para que los consumidores nos sigan eligiendo, más allá de las promociones, ofertas o segundas marcas”, detalla.

La empresa con sede en Illinois, que el año pasado facturó 660 millones de dólares en el Cono Sur, también empieza a ver la luz al final del túnel recesivo en el consumo argentino. “En la segunda mitad del año hemos identificado un repunte general de las ventas que está repercutiendo positivamente”, dice Delgui.

En la suiza Nestlé son aún más optimistas. Leandro Bel, gerente de comunicaciones externas y asuntos públicos, cree que si bien algunas categorías presentan un mayor crecimiento que otras, en líneas generales la empresa está transitando “un buen 2017” y aumentando market share a nivel nacional en un mercado que en buena parte se reparten gigantes como las locales Arcor y Molinos, Unilever, Nestlé y Mondelez.

Vida sana
Incluso en contextos de crisis, la competencia entre marcas no es solo por mejores precios. En el caso de este sector, asegura Bel, parte de las nuevas exigencias del consumidor tienen que ver con la buena alimentación. “Hay tendencias claras como mirar cada vez más las etiquetas y estar atento a los ingredientes que componen el producto”, dice el representante de Nestlé. “Este año lanzamos Nesquik 25% menos azúcar, barras de cereal Nesfit, con cereal integral como primer ingrediente, y Nido deslactosada, la primera propuesta 0% lactosa, un segmento en pleno crecimiento.”

La gran apuesta para 2018 es desarrollar un portfolio sustentable, algo que está en los planes de muchos de los gigantes de la alimentación. “Estamos introduciendo los caldos Knorr con 25% de reducción de sodio, algo que requirió un gran desarrollo de la receta para no afectar el sabor”, explica Raciatti, y agrega: “Es un paso más en un camino sustentable que venimos transitando desde 2009”.

Por medio de estas estrategias, Unilever espera tener un año “establemente positivo” en la Argentina con un ojo puesto en la frecuencia en el uso de los productos, mientras que en Mondelez se muestran optimistas de que los niveles de consumo sigan mejorando como en la segunda mitad de 2017. Para Nestlé, se trata de un contexto cada vez más desafiante, a tono con el informe de BACanal que detalla un consumidor argentino que “hace cuentas, prueba marcas, anota los gastos de manera minuciosa y se considera mejor administrador por buscar la opinión y la recomendación de otros”.